Respuesta de los gobiernos al crimen organizado en América Central: Consecuencias, drogas y corrupción en El Salvador y Costa Rica

Este estudio examina las causas y respuestas al crimen organizado en Costa Rica y El
Salvador durante el período 2018-2023, enfocándose en cuatro categorías clave: seguridad
pública, corrupción institucional, estado de derecho y percepción ciudadana. A través de
un análisis cualitativo-comparativo se identifican diferencias significativas en las
manifestaciones del crimen organizado y en las estrategias gubernamentales de ambos países.
En Costa Rica el crimen organizado se manifiesta principalmente a través del
narcotráfico transnacional, aprovechando su posición geográfica estratégica. El gobierno ha
implementado políticas preventivas centradas en el fortalecimiento institucional, programas
comunitarios y cooperación internacional. Aunque enfrenta limitaciones de recursos, Costa Rica
mantiene una independencia judicial y transparencia institucional relativamente altas, lo que
contribuye a una mayor confianza ciudadana y estabilidad a largo plazo.
Por otro lado, El Salvador se enfrenta a un control territorial significativo por parte de
pandillas como MS-13 y Barrio 18. La respuesta gubernamental ha sido predominantemente
represiva, con políticas como el Plan Control Territorial y la implementación de estados de
excepción. Estas medidas han logrado reducciones inmediatas en las tasas de homicidios, pero
han generado preocupaciones por posibles violaciones de derechos humanos, debilitamiento del
Estado de derecho y corrupción institucional.
El análisis revela que, mientras las estrategias de “mano dura” pueden ofrecer resultados
rápidos en términos de reducción de violencia, pueden socavar la confianza en las instituciones
y no abordan las causas subyacentes del crimen organizado. Las conclusiones destacan que las
políticas preventivas, el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la
corrupción son fundamentales para una respuesta sostenible y efectiva al crimen organizado.Se recomienda que ambos países refuercen sus instituciones judiciales y policiales,
promuevan la cooperación internacional y desarrollen políticas integrales que aborden
factores como la pobreza y la exclusión social. Solo mediante un enfoque equilibrado y
respetuoso de los derechos humanos será posible reducir el impacto del crimen organizado y
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.